Queda comprobado que los ciudadanos, en épocas en las que su economía se muestra deficiente, son más propensos a presentar reclamaciones y mostrar disconformidad sobre aquellos productos o servicios que compran o contratan, los cuales resultan ser ineficientes o con problemas de funcionamiento. En verdad esta situación tendría que producirse en cualquier momento económico, es decir, las reclamaciones y los derechos del consumidor no van ligados a la fuente de ingresos de los ciudadanos, de modo que a pesar de que un producto se adquiera dañado, como consumidor ha de verse en la necesidad de reclamar.
Por poner un ejemplo fácilmente entendible y reconocible por muchos ciudadanos, podría ser el siguiente:
Se da el caso que un ciudadano solicita presupuesto para la reparación de una puerta exterior de su hogar, la empresa le da un presupuesto elevado pero aun así el ciudadano lo acepta. Trasladamos dicha solicitud de presupuesto para hoy día, y nos encontramos con que el ciudadano no acepta el presupuesto de manera inmediata, es decir, trata de negociar el precio con la empresa para que finalmente se le haga un precio más ajustado.
También estamos viendo otros casos relacionados con la contratación de servicios de Internet, en que las reclamaciones están aumentando por casos de permanencias de contrato y, en algunos casos, malas aplicaciones en ofertas y promociones por parte del suministrador.
Es algo que se ha ido produciendo y así lo indican las estadísticas, las cuales sentencian que el número de reclamaciones por lo consumidores ha ido en aumento en los tres últimos años, periodo coincidiente con la aparición de la recesión y posterior crisis económica.
Lo que queda claro es que los derechos como consumidor hay que reclamarlos siempre y en cualquier caso, sea cual sea la situación económica, y especialmente por el hecho de tratarse de una cuestión de honor para con uno mismo y no dejar que el abuso se anteponga al derecho propio de la persona.
Reclamar por cantidades por pequeñas -hasta por 5 céntimos de euro- será una práctica muy recomendable, no sólo por la satisfacción personal que supone el hecho de proclamar un derecho, sino porque dinero termina a parar a un lugar que no le corresponde. Nuevamente podré otro ejemplo. Cuando un ciudadano va a un supermercado a hacer su compra diaria, el precio final es de 18,97 euros. El ciudadano paga con 19 euros y espera que se le entregue de vuelta el recibo de compra junto con los 3 céntimos de euros restantes. Sigue ocurriendo en algunas ocasiones que la cajera o el cajero se limita a entregar el recibo, pero no devuelve los céntimos restantes. Esta práctica es completamente ilegal y no se justifica con que no haya cambio en caja. Por ley ha de haber cambio en el establecimiento.
En cualquier caso la idea que quiero trasmitir queda clara, es decir, la reclamación es altamente necesaria, no sólo por que afecta a los intereses propios,sino para evitar usos indebidos por otras personas.