Actualmente existe una alta proporción de ciudadanos (14 millones de españoles) que disponen del nuevo DNI-e, que ni lo han usado ni saben como hacerlo.
Desde el Ministerio de la Presidencia se reconoce que la utilización del DNI electrónico no es acorde con el volumen de tarjetas emitidas.
Sabiendo esto, ¿en quién recae la responsabilidad por el hecho de que exista un bajo uso del DNI-e?
Pensamos que ambas partes, tanto la Administración como la ciudadanía, tienen parte de responsabilidad.
Responsabilidad por parte de la Administración
La Administración ha de seguir esforzándose en perfeccionar el sistema de gestión del DNI-e. Por un lado, con la mejor instalación en los equipos personales, y por otro, en cuanto a la perfección en las plataformas de acceso para trámites telemáticos, Sede Electrónica, etc,.. y así mismo ampliar los servicios disponibles para su gestión con el DNI-e. Actualmente podemos comprobar que hay servicios que se pueden gestionar con el DNI-e para una determinada provincia, pero no estar habilitado para otras.
Responsabilidad por parte de la ciudadanía
La ciudadanía, si acaso podemos atribuirle la mínima responsabilidad, sería la que hace referencia a la compresión de un sistema que se ha creado precisamente para un mejor servicio destinado al él mismo, y que la facilitará las gestiones de manera rápida y eficaz, pero como decimos, para ello ha de tratar de aportar un mínimo de implicación en lo que todavía es un proyecto pionero.
En cualquier caso podemos liberar al ciudadano de su parte de responsabilidad, ya que actualmente muchos procedimientos con el DNI-e siguen en fase de construcción, y por tanto este proyecto pionero aún está, globalmente, testeando sus desarrollos.